Frente a diversas quejas de diferentes vecinos beneficiarios de este plan 80 viviendas que se encuentra en el barrio Elpidio Amaya 2da sección., el abogado Raúl Ramirez se propuso aclarar el tema, explicar el por qué se maniobra de esta manera y que “todo se hace legalmente correcto”
Entre las diversas disconformidades de los vecinos se encuentran: el desentendimiento de algunos puntos del contrato que debían firmar, adjunto dentro de una segunda notificación que les hicieron llegar; la falta de especificación de locatarios definitivos (o sea este contrato es de un año); falta de comprensión de qué significa ser locatario con opción a compra como los catalogan; desacuerdos en el estado que se encontraba la casa en el momento de entrega y lo que dice el contrato; entre otras.
El procedimiento del sistema de adjudicación de este plan 80 viviendas, está regulada por la sanción de la ordenanza 1121/2007, que es la que aplicó la municipalidad. Además este plan, pertenece al Programa Federal de Construcción de viviendas de la Nación.
El municipio es garante y responde con su cuota de coparticipación lo que el gobierno provincial le giró e invirtió para construir estas viviendas. Entonces debió realizar un contrato provisorio al beneficiario o adjudicatario, de modo tal de ir recuperando, con los montos que pagan los vecinos lo que la provincia le va restando de la coparticipación.
“Se firmó con los vecinos, y es por eso que de un modo un poco les afecta una cuota provisoria”, afirmó Ramirez.
Respuesta provisoria
Respecto al tema de la cuota provisoria, el abogado Ramirez explicó: “Porque cuando se sanciono la cuota, la ordenanza esta que estamos pautando (la 1121/2007) no se tuvo en cuenta nuevos gastos que hubo para atender el plan federal 80 viviendas, que esos gastos luego se los va a cargar en las cuentas de cada adjudicatario de viviendas. Por lo tanto el precio de la cuota se modifica porque hay que pagar los gastos que el municipio ha sufrido. El Concejo Deliberante en estos momentos está encargándose de llevar a cabo todas las acciones jurídicas, legales y contables, para dejar definitivamente el proyecto de sanción de la ordenanza que fije el precio definitivo de las cuotas, que serán cuotas altamente accesibles y siempre respetando esta acta social”.
Hablando de números
“Los montos de las cuotas serán de acuerdo a los gastos que realizo el municipio”, expresó Ramirez.
Este Programa Federal es organizado por el gobierno nacional que usa los fondos y a su vez se los descuenta a la provincia, así mismo las provincias les transfieren a los municipios las cuentas.
“Hoy por hoy el municipio es administrador de todo el proceso concerniente al plan federal de viviendas del barrio Elpidio Amaya, por eso es que los vecinos, como adjudicatarios de casas del plan federal 1, tienen relación directa con la Municipalidad de Embalse. No tienen nada que ver con la provincia, porque la provincia les cedió todo al municipio”, dijo Ramirez. Agregó: “El municipio de Embalse tiene que cobrar las cuotas ya que el día de mañana va a otorgar las escrituras a cada propietario, por lo tanto la provincia se desligo, lo único que hace es cobrarle el valor de las 80 viviendas.”
Funcionamiento de ordenanza
El municipio a partir de la sanción de la ordenanza 1121/2007, nombra a los beneficiarios de las viviendas como adjudicatarios.
Al quedar como administrador de las propiedades, la municipalidad en caso de atrasarse el pago de las cuotas se deja sin adjudicación, sin efecto, eso faculta al efectivo municipal esta nueva ordenanza. “Debe tener un nivel de exigencia del pago de las cuotas importante”, afirmó Ramirez.
Respecto a las situaciones que planteaban los vecinos del hecho de no poder pagar la cuota por falta de trabajo, el abogado asesor explicó: “La ordenanza no contempla la posibilidad de quedar sin trabajo, pero la voluntad está de pagar, son casos puntuales de no poder, pero si está la voluntad especial de hacerlo, no vamos a dejar de perder de vista el sentido social. Las viviendas deben ser pagadas porque algún día serán dueños, ese es el sentido”. Agregó: “Claro que si hablamos de casos especiales que hay una familia con desempleo, se los tendrá en cuenta hasta que pueda mejorar sus situaciones para regular sus cuotas”
Esta nueva ordenanza no permite hacer ampliaciones en las viviendas hasta terminar el pago de las cuotas y sin autorización del municipio. Aquellos que realicen alguna inversión sin autorización y el día de mañana deben ceder la vivienda pierden lo invertido. “No está en la cabeza de ningún gobernante desalojar y dejar en la calle a la gente, pero sí tiene que cumplir con una obligación de funcionario que es de preservar el patrimonio común de todos los embalseños”, dijo el abogado.
Viviendas garantizadas
En respuesta al reclamo de algunos defectos que poseía la vivienda después de haber sido entregada, el abogado asesor aseguró: “tienen una garantía que se las debe responder la empresa constructora, si hay defectos el municipio debe reclamar para que esa empresa constructora provean adecuar los defectos que hay en la construcción. Son cosas que exceden a la municipalidad y ahí sí con mucha más razón al adjudicatario con respecto al confort y a la terminación de la casa”.
Así mismo agregó: “Cuando el adjudicatario decidió adquirir las viviendas sabía en qué condiciones se iban a entregar las casas, o sea que las personas que aceptaron las condiciones y se presentaron al sorteo sabían que las casas se entregaban sin el piso, sino a nivel de contra piso, porque eso así estaba establecido en el plan federal y eso de ahí en adelante corre en cuenta de cada adjudicatario en ponerle el piso después que prefiera, pero no fue un defecto de construcción ni de faltante como lo demandan. El plan esta establecido que se entregaba así, en las condiciones que fueron recibidas y los vecinos que participaron del sorteo de las viviendas sabían cuales eran las condiciones, o sea que no hubo sorpresas en ese punto”.
Ser o no ser, esa es la cuestión
En base a las dudas de los beneficiarios de si sus viviendas pasan a ser suyas o no, Ramirez dijo: “Lo importante que debe quedar en claro acá es, que las personas adjudicatarias deben estar tranquilos, sus derechos están amparados por la ley. El municipio lo que hace es administrar las propiedades, va a proveer todo lo que haya que hacer para que esas viviendas tengan sus escrituras a futuro y preservar su patrimonio que es patrimonio de todo el pueblo de Embalse. No hay ningún ánimo extra contractual, o sea ninguna animosidad de perjudicar a ningún adjudicatario, sino lo que trata de hacer es ayudar a que en un futuro deje de ser adjudicatario para ser dueño de sus viviendas”.
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